T-MEC: cambios en las obligaciones laborales

Por: Lic. Érika Raynal, Socia de SAC González Benavides

El pasado 1 de julio de 2020 entró en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá, lo cual conlleva una serie de cambios en distintas industrias y ámbitos.

En el caso de México, adoptó una serie de compromisos, entre ellos la necesidad de armonizar la legislación laboral.

Ahora más que nunca garantiza la protección y respeto de los trabajadores, coordina con mayor dinamismo un diálogo para las negociaciones obrero-patronales y genera condiciones que se rijan conforme a estándares internacionales.

A todo esto se suma un cambio fundamental en las medidas que México debe adoptar para garantizar la libertad de asociación sindical, misma que se llevará a cabo a través órganos autónomos.

Estos  tendrán facultades para registrar elecciones de líderes sindicales, estableciendo procedimientos que garanticen el voto personal, libre y secreto de cada uno de sus miembros.

Asimismo, como medio alternativo para la protección de garantías de los trabajadores frente al gobierno, el T-MEC da mayor apertura a los trabajadores para participar en negociaciones, a través de consultas y diálogo por conducto de un consejo laboral, integrado por representantes del gobierno, cámaras de comercio y representantes de los trabajadores.

Otro aspecto muy relevante, se centra en que la legislación mexicana debe agregar mecanismos para que los órganos independientes validen la información contenida en los nuevos contratos colectivos de trabajo y los previamente celebrados, por lo menos una vez durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor del T-MEC.

Esto con el fin de comprobar que los términos en que fueron acordados los salarios, condiciones laborales y otros factores, efectivamente coincidan con lo acordado por los miembros del sindicato.

Adicionalmente, el T-MEC impone una obligación a este órgano independiente de llevar un registro de todos los contratos y sindicato.

Mismo que deberá ser de consulta y acceso público mediante páginas de internet y registros de fácil acceso.

En conclusión, de estas nuevas obligaciones impuestas al Estado mexicano se desprende que la apertura a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas se hacen cada vez más presentes.

Aspectos que hay que tener en cuenta en el presente y futuro.

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