Cuando la trata de personas rompió mi corazón

Por Rosi Orozco, Activista Social y Presidenta de la Asociación Civil Comisión Unidos Contra la Trata

El año en que yo encontré mi vocación como activista contra la trata de personas, los padres de Minerva Torres Torres hallaron el cadáver de su hija desaparecida.

Era 2005 y México sufría heridas internas y externas; por dentro, nuestra sociedad se polarizaba con la elección presidencial más cerrada en la historia y, por fuera, proyectábamos al mundo el horror de un fenómeno conocido como “las muertas de (Ciudad) Juárez”. Minerva Torres fue parte de ese capítulo negro:  el 13 de marzo de 2001, cuando apenas tenía 18 años, fue raptada al salir de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Sus padres la volvieron a ver hasta el 24 de junio de 2005 en una morgue en Chihuahua.

En la lucha por encontrar a su hija, Martina Albedaño pagó en varias ocasiones una cuota que los policías exigían a las madres de jóvenes desaparecidas para hacer supuestos operativos en prostíbulos de Saltillo, Laredo y Durango, ahí los uniformados sabían que eran enviadas las mujeres raptadas. Una vez que llegaban a esas casas, los policías se transformaban en clientes y con el dinero de las víctimas pagaban tragos y violaban a las mujeres que prometían regresar a casa. En ese laberinto de impunidad y ausencia de ley se perdió la oportunidad de rescatar con vida a Minerva Torres y a muchas más.

Ella y yo teníamos vidas completamente distintas con más de mil quinientos kilómetros de separación. Minerva Torres nació en una colonia marginada y debió dejar sus estudios para apoyar a la economía familiar, uniéndose a una maquila que le pagaría un salario mínimo. Yo nací en el seno de una familia afortunada que me dio todas las comodidades para prepararme y tener el mejor futuro posible. Aunque nunca la conocí, sus carencias y el reconocimiento de mis privilegios me orillaron a involucrarme en el tema de la trata de personas.

Mi determinación también vino de una sobreviviente, la lituana Danguolé Rasalaité, cuya historia como víctima de explotación sexual a los 16 años llegó hasta mí durante la proyección de la película Lilya 4-ever en el foro The Concerned Women for America en Washington, Estados Unidos.

Como le sucede a muchos, una vez que conocí el tema de trata de personas se me pegó al alma. Volví a México decidida a aportar algo para cambiar esa realidad, para mi sorpresa, descubrí que nuestro país no tenía una ley acorde a los estándares internacionales para combatir este delito.

Me dediqué por completo al tema. Investigué, levanté la voz, apoyé a activistas que abrieron las puertas que después yo crucé.

Esos años, con el apoyo de amigos y aliados, me llevaron en 2009 a ser diputada federal y a presidir la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas. Dos logros que me hacen sentir orgullosa del equipo que estuvo conmigo en la Cámara de Diputados. Entendimos que no podíamos “ser la voz de las víctimas”, sino que debíamos empoderarlas y dejarlas tener su propia voz para que visibilizaran sus historias; así que creamos la actual Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Esta norma, vigente en el país, protege a las sobrevivientes y ha sido el instrumento legal para conseguir más de mil sentencias en todo el territorio. Con varios objetivos en mente, muchas manos ayudamos a crear la asociación civil Comisión Unidos Vs. la Trata. Somos una organización relativamente nueva, pero con mucho camino recorrido. 

Actualmente apoyamos a cinco refugios por donde pasan cientos de sobrevivientes que se han beneficiado, sin costo, de cuidados médicos, atención psicológica, acompañamiento legal, apoyo educativo y apoyo para vivienda digna.

Sólo el año pasado sensibilizamos a 7 mil 562 adultos y 3 mil 326 estudiantes en 13 Estados del País. Nuestras brigadas de apoyo a personas vulnerables dieron soporte directo a 27 mil 895 personas. Hemos capacitado a operadores del 911, policías federales, personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura de CDMX. También a agentes migratorios, integrantes de la Secretaría de Igualdad y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán, al Tribunal de Justicia en Coahuila, así como otros institutos estatales.

Un día damos una conferencia magistral en Morelos contra la violencia de género. Al otro día alzamos la voz en la Cumbre de Jueces Panamericanos en El Vaticano, y después asesoramos a familias de escasos recursos en el Estado de México para conseguir justicia para sus hijas.

Somos pioneros en una herramienta que hemos llamado “Análisis de Sentencias de Delitos en Materia de Trata de Personas en Primera y Segunda Instancia”.

Surgió de la necesidad de conocer cómo es que las autoridades en México aplican la ley general contra la trata de personas. Así, podemos identificar las prácticas positivas y aquellas que pueden atentar contra los derechos de las víctimas. Con este análisis ubicamos cómo trabaja el ministerio público, cómo lo hace la autoridad judicial y constatar desde la sociedad civil si nuestras autoridades están investigando y juzgando con perspectiva de género.

Gracias a este esfuerzo de abogados y activistas, hoy sabemos “entre muchas cosas”que de las 706 sentencias analizadas de 2012 al 2017, el 35 por ciento de los procedimientos resultó en absoluciones y el 65 por ciento fueron condenatorias. Es decir, casi cuatro de cada 10 detenidos fueron puestos en libertad por falta de capacitación de ministerios públicos y jueces.

Esta información es preocupante, ya que en procesos de niñas o niños víctimas, que estuvieron en condiciones de explotación sexual por parte de un familiar o pareja sentimental, la autoridad judicial estableció estándares probatorios que no fueron satisfechos por el Ministerio Público.

Además, somos un país con el 57 por ciento de su población en riesgo de caer en las redes de trata de personas, según la organización Walk Free. Por eso, bajar el ritmo no es una opción.

Apelamos a una sociedad unida, y confiamos en que 2019 o 2020 sea el año en que muchas personas puedan recordar como aquel año en que dijeron: “yo también encontré mi vocación como activista contra la trata de personas”.

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